LA POCA GRACIA DE UN MINISTRO DE JUSTICIA

El pasado 20 de noviembre nos hemos acordado de muchas cosas y entre ellas, de forma especialmente intensa, de la familia del recientemente cesado Ministro de justicia, que no de gracia de la que carece completamente. Pobre familia, cuanto ha debido y  debe soportar.

Los que de una u otra forma nos relacionamos con las instituciones judiciales, recordamos con pesar la inquietante  publicación en esa fecha  de la norma que implantaba  un  nuevo sistema de tasa judiciales.  En aquellos días, en casi todos los foros  profesionales, se analizaron  las lamentables y previsibles consecuencias de aquel engendro legal. Se evidenció la inmoralidad de una norma cuya entrada en vigor ponía  en peligro, una vez más, el principio de igualdad que intenta inspirar nuestro sistema legal.

En la actualidad somos testigos  del cumplimiento  punto por punto de las más pesimistas predicciones. Quienes las padecemos, hemos sufrido las consecuencias de las inaceptables deficiencias técnicas de la norma, sus lagunas y su  imprecisión. Podemos sospechar que el afán recaudatorio de nuestros gobernantes se ha constituido en la única causa reconocible de la implantación de esta fórmula impositiva, obviando el principio de igualdad ante la ley y el derecho de defensa que nuestra constitución reconoce a todos los ciudadanos.

En corrillos de taberna y en distinguidos círculos profesionales,  se habló, y se sigue hablando, del efecto claramente clasista de la imposición de las tasa, en la medida en que los directamente perjudicados por su aplicación son quienes carecen de los medios necesarios para afrontar el pago de este impuesto  y del resto de gastos que un procedimiento judicial genera.

Ahora bien, hay una verdad oculta que es necesario poner de manifiesto: quienes verdaderamente quedan fuera del sistema judicial por razones económicas son aquellas personas que teniendo ingresos derivados de su trabajo o actividad profesional, son solo capaces de atender sus necesidades básicas y las de su familia, pero tienen la mala suerte de percibir unos ingresos  que superan la barrera económica que les permitiría acceder al beneficio de justica gratuita. Lo lamentable es que son muchos. No son pobres, pero no pueden embarcarse en aventuras económicas que ponga en peligro su insegura situación económica actual.

No es de sorprender por ello que en nuestros despachos estamos presenciando como un contingente importante de nuestros clientes naturales se pierden en el páramo de la indefensión por razón de su insuficiente capacidad económica para litigar en defensa de lo que entienden  justo  y por consiguiente digno de protección jurídica.

Una pena Sr. Gallardón. Para muchos cuando compartimos con nuestros compañeros una cerveza o una sesuda sesión de trabajo nos acordamos de usted y de lo que debe sufrir su familia al sentirse objeto de tanta y agria memoria.

José Mª Lirón de Robles Perez

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